El ministerio de cultura de España y sus tejemanejes con empresas andorranas (financiadas por españoles)
El caso que ponemos bajo foco hoy en Dopamina revela un dilema institucional: el Ministerio de Cultura ha confirmado oficialmente que mantiene vigente un convenio firmado con la sociedad andorrana Antiqvvm Edicions S.L., a pesar de que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia ha decretado el embargo de sus posibles derechos económicos en España.
Firmado el 8 de noviembre de 2024 (publicado en el BOE el 16 de noviembre) para el proyecto «Cathalonia 815–1720: Els documents cabdals de la Història de Catalunya», el convenio estipula que “no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica alguna para ninguna de las partes”. Sin embargo, el propio texto aprobado por el Ministerio describe que la editorial “tiene por objeto la comercialización, edición y venta de libros y reproducciones de documentos históricos” y que “todos los ejemplares se destinarán a la venta nacional e internacional” lo que confirma que efectibamene el convenio otorga privilegios comerciales a la empresa.
Por otra parte, el Ministerio no ha abierto concurso alguno para que otras empresa pudieran presentarse a licitar el convenio adjudicandolo en exclusiva a esta empresa andorrana.
Paradójicamente, según la noticia publicada, la empresa andorrana está financiada por españoles.
Aun existiendo procedimientos judiciales en curso y antecedentes procesales documentados, el Ministerio no ha suspendido ni revisado el convenio.
Esta situación plantea preguntas clave que cualquier lector de Dopamina debería hacerse:
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¿Debe la Administración pública mantener acuerdos con entidades bajo ejecución judicial?
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¿Es coherente firmar convenios con sociedades radicadas fuera del territorio español, cuando los fondos o la actividad principal pueden estar en otros parajes legales?
Te invito a leer el artículo completo y luego debatir en comentarios: ¿transparencia o permisividad institucional?
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